Andi Uriel Hernández Sánchez
El gobierno federal encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, mismo que asumirá el 1ª de octubre próximo, enfrentará ya desde el primer año graves problemas económicos porque no tendrá los fondos suficientes para costear los programas sociales existentes, los nuevos programas que la presidenta ha prometido y las megaobras que le heredará el actual mandatario, ni que decir del presupuesto público destinado a la educación, la salud pública, la seguridad y las obras públicas de beneficio colectivo que necesitan miles de pueblos y colonias populares marginadas.
Además, la doctora Sheinbaum recibirá un gobierno sumamente endeudado con las instituciones financieras globales lo que la obligará a instrumentar nuevos recortes al gasto social. Pues contrario al discurso oficial, la deuda pública de México no disminuyó durante la administración del presidente López Obrador, por el contrario, aumentó gravemente al pasar de 10.5 billones de pesos en 2019 a 18 billones de pesos durante 2024.
Esto como resultado de los constantes préstamos que el gobierno de AMLO solicitó para costear el gasto público, principalmente para sostener el pago de pensiones y la construcción de sus mega obras: la refinería de Dos Bocas, el AIFA, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, entre otros. Por lo que, según la revista de análisis político buzos de la noticia, el Fondo Monetario Internacional estimó que para finales de este 2024, la deuda de México representará el 50% del Producto Interno Bruto.
El último empréstito solicitado por el gobierno federal fue otorgado por el Banco Mundial tan solo un día después de las elecciones del 2 de junio, por un monto de más de mil millones de dólares; mismo que se sumó a otros dos créditos solicitados entre 2022 y 2023 por más de 700 millones de dólares anuales, junto a otro préstamo solicitado a finales del año pasado por mil millones de dólares, para sumar la contratación de dos mil 331 mdd como deuda externa en solo año y medio.
En la actualidad la deuda pública del país asciende a más de 18 billones de dólares como resultado de nuevos préstamos y del incremento de los intereses, esto quiere decir, que la deuda individual de cada mexicano es de más de 100 mil dólares anuales al momento de nacer.
Ahora los grandes centros de las finanzas y la especulación mundial están exigiendo el pago de esta deuda a como dé lugar y, por tanto, llevan semanas presionando a los funcionarios del próximo gobierno para que realicen ajustes al gasto público, de tal manera que se reduzca el monto total de lo que gastará el gobierno en 2025, con tal de que quede garantizado el pago de los abultados intereses de los grandes tiburones de las finanzas.
Por esta razón en los Precriterios de política económica para 2025 entregado el pasado 27 de marzo al Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por el economista Rogelio Ramírez de la O, que repetirá en el cargo, ha propuesto recortar el gasto público en más de 833 mil millones de pesos.
Para lograr esta meta se recortará principalmente el dinero destinado a los bienes y servicios públicos brindados por el gobierno, puesto que el llamado gasto programable sufrirá un recorte de 578 mil 900 millones de pesos (12.1% en términos reales). Este recurso es el que se destina al funcionamiento de las distintas dependencias de la administración pública federal y que se reparte entre estados y municipios.
Y aunque aún no se dice cuáles son los rubros que sufrirán los recortes para 2025, queda muy claro que el gobierno federal dispondrá de menos recursos para pagar los salarios de sus propios trabajadores, invertir recursos en educación, salud y seguridad; no podrá construir obras públicas que mejoren la calidad de vida de la gente humilde como sistemas de agua potable y drenaje, redes de electricidad, carreteras y caminos para comunicar zonas rezagadas, menos para darle mantenimiento a las que ya existen y están llenas de baches; tampoco habrá recursos suficientes para apoyar la producción y la productividad del campo, hacer frente a los efectos del cambio climático, estimular la creación de empleos, etc.
Además, con el enorme recorte que sufrirá el gasto público tampoco se entiende cómo es que la presidenta de la República podrá cumplir con todas sus promesas: otorgar una pensión a todas las mujeres mayores de 60 años, becar al 100% de los niños de primaria y secundaria, revivir el sistema de ferrocarril en el país y construir vías de comunicación por todas partes, construir 500 mil viviendas para la gente que lo necesite, financiar un sistema educativo y de salud moderno y un largo etcétera. Todo indica que no son más que promesas que no podrán cumplirse y que irán olvidándose con el paso de los meses.
Con este pronostico poco alentador, el próximo gobierno federal intentará repetir la fórmula utilizada por López Obrador para apaciguar la inconformidad de los amplios sectores populares: le apostará todo al reparto de dinero público a través de las famosas tarjetitas de Bienestar, pues a pesar de la contracción del gasto público, la mayoría de los programas de transferencia monetaria directa tendrán incrementos en su presupuesto, por ejemplo, las pensiones para adultos mayores recibirán un incremento de 18 millones de pesos, para alcanzar la histórica cifra 482 mil 900 mdp, más del 80% del gasto en programas sociales que para 2025 será de 534 mil 903 millones de pesos en total.
Como hasta ahora, la 4T espera que ese dinero sea suficiente para evitar que los sectores humildes se organicen y exijan que se garanticen todos sus derechos constitucionales, porque el nuevo gobierno no quiere aumentar el cobro de impuestos a los multimillonarios para poder costear todos los programas gubernamentales, principalmente la inversión pública y el gasto social. Hasta ahora los grandes multimillonarios han hecho público su apoyo al nuevo gobierno porque éste mantendrá las reglas económicas intactas y les permitirá que continúe la brutal concentración de la riqueza en sus manos.
Es importante que las clases trabajadoras se enteren del duro panorama al que se enfrentarán una vez tome posesión el gobierno encargado de construir el “segundo piso” de la Transformación, pues los datos no respaldan sus discursos tranquilizadores; en realidad, los recortes del gasto social impedirán que las demandas de amplios sectores populares sean atendidos y generarán una serie de nuevos problemas y dificultades para los más humildes del país, quienes somos la amplía mayoría. Debemos organizarnos para estar en condiciones de salir a las calles a defender nuestros legítimos intereses y para evitar que todo el dinero de nuestros impuestos terminé engordando los bolsillos de los enormes tiburones de las finanzas internacionales y que la riqueza siga concentrándose en unas cuantas manos.
