Samuel Aguirre Ochoa
Ante los evidentes y notorios casos de corrupción y enriquecimiento ilícito de diversos funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, algunos de sus compañeros de partido y legisladores de oposición, cuál Júpiter tonante y a toro pasado, han salido a denunciar las corruptelas del secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, el titular de la SIOP, Elio Gutiérrez, y del procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez, por señalar algunos casos.
Por un lado, esta actitud pudiera considerarse correcta, pues es necesario que todos aquellos que se enriquecieron indebidamente o actuaron al margen de la ley respondan por sus actos y sean castigados; sin embargo, los ahora denunciantes fueron altos funcionarios del gobierno federal o legisladores durante todo el sexenio de Cuitláhuac García y en su momento no emprendieron ninguna acción seria y efectiva, más allá de la saliva, para detener este descarado robo del dinero de los veracruzanos y otras ilegalidades del gobierno.
Estos altos funcionarios nunca exigieron al gobierno de Cuitláhuac García pusiera un alto a su falta de sensibilidad para escuchar las peticiones de la gente y que abriera las puertas de Palacio de Gobierno; nunca levantaron la voz para evitar la represión hacia los campesinos, colonos y obreros que exigían soluciones para sus comunidades; y, se mostraron sumisos ante la actitud del gobierno federal, encabezado por López Obrador, que violentó los derechos constitucionales de organización y manifestación de la gente.
Pues en múltiples ocasiones el expresidente satanizó a las organizaciones que luchan por el progreso de los pueblos y las colonias sin presentar ninguna prueba e hizo hasta lo imposible por destruirlas.
Estos políticos ahora críticos, no hicieron nada para frenar los asesinatos y las extorsiones en contra de presidentes municipales o ex alcaldes; tampoco alzaron la voz en contra del encarcelamiento de los opositores, ni condenaron el terror y la persecución emprendida por estos gobernantes impostores, y tampoco hicieron nada efectivo para evitar los subejercicios del gobierno estatal, que devolvió miles de millones de pesos a la tesorería federal. Dejaron hacer y deshacer a los sátrapas estatales y federales en contra de las organizaciones populares y de las movilizaciones de las clases trabajadoras.
Todo indica que se trata de una actitud oportunista de estos legisladores que pretenden ganarse a la opinión pública para continuar impulsando sus proyectos políticos individuales y arribistas.
Lo cierto es que los hechos de corrupción en todas las dependencias gubernamentales son escandalosos y existen muchas investigaciones al respecto.
A finales de octubre fue noticia nacional que la Auditoría Superior de la Federación detectó una red de 227 empresas fantasma que recibieron contratos por más de 5 mil millones de pesos, tan solo en el último año del gobierno estatal, en sectores estratégicos como salud, educación y desarrollo social.
Según el diario de circulación nacional Excélsior, que dio a conocer los resultados de esta investigación, “la administración veracruzana creó una compleja red de corrupción donde hasta el 80 por ciento de los contratos públicos habrían sido canalizados hacia un grupo selecto de empresas ficticias, muchas de las cuales operan con domicilios en casas particulares de colonias populares”.
Una de las dependencias más afectadas fue la Secretaría de Salud en la que un grupo de cinco de estas empresas fantasma recibió el 60 por ciento de todos los contratos para la compra de insumos y material médico.
Otro ejemplo fue del robo que hizo el ex secretario Eric Cisneros de más de 712 millones de pesos provenientes de las aportaciones de Pemex a Veracruz, por ser un estado productor de hidrocarburos y que tenían como destinó el asfaltado de diversas carreteras.
Ahora en la comparecencia del secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, se hicieron públicos los datos del desmedido enriquecimiento de este funcionario que pasó de vivir modestamente a ser propietario de casas y departamentos en diversas ciudades del país, un rancho con cientos de cabezas de ganado de alta calidad en el sur del estado, una colección de autos lujosos y varias otras propiedades escrituradas a nombre de sus papás y colaboradores cercanos.
Estos niveles de corrupción son consecuencia de un mal análisis de la realidad nacional, de su desconocimiento de la economía y de la historia del país, y demuestran que es falso que la corrupción se pueda acabar con actos de fe.
Por el contrario, la corrupción es una consecuencia del modelo capitalista de producción imperante hoy en México y en el mundo.
Nunca en la historia humana las grandes transformaciones en beneficio de las clases trabajadoras han sido consecuencia de la buena fe y la bondad de algún gobernante; las transformaciones sociales verdaderas nunca han surgido de la cúspide del poder hacia abajo, por el contrario, solo han sido posibles con la fuerza organizada, politizada y movilizada de las masas populares.
Por lo tanto, el pueblo de Veracruz debe sacar lecciones de estos acontecimientos y convencerse de que si las clases trabajadoras no se organizan, si solo se preocupan de sus problemas individuales y piensan que los pueden resolver de manera aislada, seguirá habiendo pobreza y desigualdad; no habrá progreso en sus comunidades y no mejorarán su calidad de vida. Las consecuencias de la pobreza seguirán manifestándose en la marginación, el hambre, las carencias sociales, la falta de vivienda digna, las muertes por enfermedades curables, los asesinatos de inocentes y otras calamidades.
La gente debe organizarse, aprender a hacer política, tener una actividad orgánica permanente para vigilar que los gobernantes no se roben el dinero del pueblo, exigir transparencia y quitar a los funcionarios corruptos de inmediato, obligándolos con movilizaciones a resolver los problemas de la gente. Las huelgas, marchas, los mítines y los plantones son una actividad fundamental para evitar el robo y la corrupción de los gobernantes. Los verdaderos dirigentes del pueblo deben correr riesgos al enfrentar a los poderosos en defensa de la gente humilde, de lo contrario se cae en el oportunismo. La lucha callejera politiza a las clases trabajadores, les enseña a descubrir a sus enemigos de clase y les permite vislumbrar la construcción de un futuro más luminoso.