Andi Uriel Hernández Sánchez
Culminó ya la pesadilla de los seis años de administración del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, dejando la vida de los veracruzanos en una situación mucho peor que como la encontró en 2018 cuando tomó el cargo. Hay mucha expectativa frente al gobierno estatal que asumió el pasado 1 de diciembre, pero remontar la cuesta se avizora como una tarea verdaderamente titánica.
En la última ronda de comparecencias de los secretarios de despacho con motivo del 6to y último informe de gobierno, fue desmenuzado el legado de corrupción, inseguridad, pobreza y rezago social que dejó el primer gobierno morenista en Veracruz.
Y recientemente diversos medios de comunicación han estado publicando reportajes sobre los datos estadísticos que desmienten rotundamente las cifras alegres manejadas por el gobierno y utilizadas tramposamente como propaganda política.
En las comparecencias fue un tema recurrente la inexplicable y abrupta fortuna que los más diversos secretarios de despacho y otros funcionarios menores amasaron durante los seis años del cuitlahuato. Se destapó la riqueza mal habida del secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, así como el desvío de miles de millones de pesos en dependencias como la Secretaría de Salud, el DIF, la Secretaría de Educación, Seguridad Pública y muchas otras.
Hubo acusaciones de los mismos secretarios como aquella realizado por el titular de la SIOP, Elio Hernández, en el sentido de que el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros, se robó más de 700 millones de pesos entre efectivo y combustible donado por Pemex para reparar algunas carreteras que hoy están intransitables.
Nos enteramos también que ahora en el estado operan más de 14 grupos delincuenciales que proliferaron y crecieron con apoyo de diversos funcionarios públicos incrustados en importantes puestos gubernamentales y que, aunque el gobierno presume una disminución en la incidencia delictiva, según las cifras del Secretariado Ejecutivo de la SSP federal, Veracruz continúa ocupando los primeros lugares en número de feminicidios, extorsión, trata de personas y desapariciones.
La situación económica de los veracruzanos se volvió mucho más grave, ahora la cantidad de personas que apenas sobrevive del empleo informal representa el 70% de la población del estado, se perdieron más de 300 mil empleos formales y los totalmente desocupados suman más de 127 mil veracruzanos.
En el mismo periodo la población que se quedó sin acceso a los servicios de salud pública aumentó drásticamente de 1.78 millones a más de 3.21 millones, lo que inevitablemente trajo como consecuencia el fallecimiento de miles de personas por enfermedades tratables o curables.
Y la infraestructura pública de las ciudades y de los pueblos está en el abandono. En las últimas semanas ha sido un tema recurrente el pésimo estado en el que se encuentran las principales vías de comunicación de la entidad y ni hablar de los caminos comunales y rurales, prácticamente no hubo inversión pública, el subejercicio conjunto de los seis años del gobierno ascendió a más de 108 mil millones de pesos, casi lo equivalente al presupuesto de todo un año.
Y en los pueblos y colonias hizo mucha falta la construcción de obras públicas de primera necesidad como sistemas de agua potable, introducción de drenaje sanitarios, calles pavimentadas para evitar el polvo o el lodazal en época de lluvias; en las escuelas la inversión fue nula o sumamente escasa, pocas aulas, poquísimas plazas cívicas, techados y casi ninguna sala de cómputo equipadas.
En fin, el Veracruz que hereda la nueva administración se encuentra sumido en un abismo de problemas que demandan atención y solución pronta. Uno de los peores errores que cometió el gobernador Cuitláhuac García y su equipo de colaboradores fue cebarse irracionalmente en contra de la acción organizada y autónoma de las masas populares, en reiteradas ocasiones lo vimos negarse tozudamente a brindar atención a las organizaciones sociales, colectivos, movilizaciones de campesinos o protestas de colonos.
Hizo uso del garrote en contra de las manifestaciones pacíficas de los veracruzanos, utilizó a la fuerza pública y a porros en contra de personas indefensas, persiguió e inventó delitos en contra de líderes populares, hizo oídos sordos a la crítica y cerró toda posibilidad de dialogar con todas las fuerzas sociales vivas y actuantes de la entidad.
El caro precio que el gobernador pagó por actuar de esa manera tan gorilesca y retrógrada fue la pérdida de todo respeto a su investidura, un repudio generalizado a su gobierno y a su persona, la ingobernabilidad de amplias zonas del estado y, sobre todo, el que no pudo dar solución a muchos problemas que viven y sufren los veracruzanos.
El camino de la represión contra los derechos de organización y gestión de los veracruzanos, condujo a que el gobierno perdiera el rumbo y terminó convertido en un nido de ladrones e ineficaces funcionarios.
Por eso, una de las primeras cosas que deberá procurar el nuevo gobierno si en verdad quiere desmarcarse del anterior, sin duda, es permitir la participación directa, organizada y movilizada de las grandes masas de trabajadores del campo y la ciudad que continúan demandando solución a sus rezagos y carencias ancestrales.
No se puede combatir la pobreza o cualquier otro gran mal social, sin la participación directa de las masas víctimas de esa opresión, esa es una condición sine qua non de las grandes y verdaderas transformaciones, para las que no bastan la buena voluntad, ni la nobleza y honradez de los gobernantes.
Es necesario que el pueblo se mantenga organizado y vigilante del actuar de sus gobernantes, listo para protestar y movilizarse contra cualquier acto de corrupción y arbitrariedad, dispuesto a ir hasta la sede de los poderes públicos a exponer sus problemáticas y con derecho a participar en la discusión y solución de sus asuntos.
Un gobernante sabio no cierra nunca las puertas de su Palacio, al contrario, permite y hasta alienta la participación del pueblo, porque solo así estará a salvo del fracaso y garantizado también su éxito. Veracruz necesita con urgencia un gobierno de ese tipo.