Samuel Aguirre Ochoa
Han hecho hasta lo imposible por deslegitimar la lucha de los colonos y estudiantes antorchistas de Córdoba, quienes llevan ya más de 16 días en plantón en la explanada del parque 21 de mayo frente al Palacio Municipal. Su lucha es legítima y justa porque desde el inicio de la actual administración de Juan Martínez Flores los plantonistas presentaron las peticiones de las necesidades más urgentes de las colonias en donde viven y, desde ese tiempo, no han recibido más que evasivas, negativas y engaños de los funcionarios municipales.
Los colonos y estudiantes conocen bien sus derechos constitucionales como mexicanos que son y, saben también, la obligación legal que tiene este Ayuntamiento de atender sus necesidades, porque también tienen claro que recibe participaciones del gobierno federal, dinero que la Federación recaba de los impuestos que pagan ellos mismos. Y la gente se pregunta ¿por qué si han llegado al Ayuntamiento, durante estos tres años, varios centenares de millones de pesos no les han hecho ninguna obra? y ellos mismos se responden: porque lo están desviando para fines inconfesables, por lo que exigen que ese dinero se invierta en lo que establece la ley.
El presidente municipal Juan Martínez y la síndica única, Vania López quieren, primero, deslegitimar el plantón de los antorchistas, para después obligarlos a que se retiren a sus casas sin haberles resuelto nada y que sigan viviendo sin los servicios más elementales para una vida digna. Veamos en qué consisten las mentiras y trampas:
Primera trampa. Durante los primeros 4 días, las autoridades trataron de ignorar a los manifestantes para desanimarlos, pero este cálculo les falló porque éstos se mantuvieron firmes debido a que han sentido la solidaridad de diversos sectores de la población de Córdoba, que también están sufriendo la misma problemática que ellos.
Segunda. Como no les funcionó esta trampa, diseñaron la estrategia de convocar a una “audiencia pública” con los manifestantes el martes 12 de marzo a las 5 de la tarde en el parque 21 de Mayo. Con esta acción se pretendía hacer creer a la opinión pública que sí estaban atendiendo a la protesta y que si los antorchistas continuaban en ese lugar era por su intransigencia. Los manifestantes aceptaron dicha audiencia, a pesar de que les quedaba claro que se trataba de una maniobra.
Tercera trampa. Antes de la citada audiencia pública, la síndica única y el director del Jurídico del Ayuntamiento convocaron al Comité Municipal de Antorcha a una reunión, en la cual ofrecieron resolver 8 peticiones y que firmarían una minuta de trabajo. Nuevamente los antorchistas aceptaron dialogar, pero de inmediato se dieron cuenta que se trataba de otra trampa, porque ninguna de las obras que ofrecían resolver contaba con proyecto ejecutivo en el que se estableciera el monto de inversión, requisitos indispensables para poderlas incorporar al Programa General de Inversión (PGI) del Ayuntamiento y, además, porque en la minuta no se hacía un compromiso claro de iniciar las obras sino que se hablaba de “iniciar las gestiones” para la realización de las mismas y que éstas se harían de acuerdo con “la suficiencia presupuestal del Ayuntamiento”. Además, dichos funcionarios no aceptaron establecer en la minuta elevar este acuerdo a la sesión de Cabildo para que ahí se acordara la realización de las obras y verdaderamente tuviera validez legal, conforme a las reglas de operación de los programas de gobierno.
Es obvio que los antorchistas no firmaron una minuta de este tipo porque no tiene ninguna validez legal y el documento estaba lleno de generalidades y contradicciones.
Cuarta mentira. Llegado el día en que tenía que llevarse a cabo la audiencia pública que convocó el Cabildo, los colonos se quedaron esperando porque no llegó ningún funcionario. Hecho de lo cual son testigos muchos medios de comunicación que estuvieron presentes.
Quinta mentira. El jueves 14 de marzo, después de una sesión de Cabildo, el Ayuntamiento hizo circular un video de 5 segundos en donde en apariencia alguien jala del pelo a la síndica única y en el cual se acusa a los antorchistas de haber agredido a dicha funcionaria. Sin embargo, a pesar de que en el palacio municipal existen muchas videocámaras y que los acompañantes de la síndica traían algunas, nunca presentaron el rostro del agresor. Los antorchistas a través de un comunicado de inmediato se deslindaron de este hecho y llamaron a las autoridades judiciales a realizar una investigación a fondo y castigar al responsable si este hecho realmente ocurrió. Al parecer, el sentir de la opinión pública es que se trató de un montaje para deslegitimar la protesta.
La sexta trampa consistió en enviar a una cuadrilla de trabajadores del Ayuntamiento a raspar y pintar el puente peatonal que conecta a la Unidad Habitacional Arboledas y la colonia Fraternidad Arboledas, para que sus apologistas publicaran que el Ayuntamiento está trabajando sin intermediarios. Aquí lo que los vecinos sostienen es que al puente se le tiene que hacer una reparación mayor pues está a punto de caerse.
Y la séptima maniobra consiste en gastarse el dinero del Ayuntamiento pagándole a determinados periodistas o medios de comunicación afines al presidente municipal y a la síndica para que ataquen y calumnien a los antorchistas y para tratar de hacer hablar a determinados personajes públicos en contra de los plantonistas.
Toda persona desprejuiciada podrá observar que se pretende gobernar a un municipio tan grande e importante como Córdoba con base en la mentira y las trampas de un hombre y una mujer que se dicen de izquierda, que se dicen progresistas, pero que sus hechos los retratan como muy malos políticos y como funcionarios insensibles que no quieren resolver los problemas de sus gobernados. De aquí en adelante Morena debe escoger muy bien a quién va a proponer como candidatos a los puestos de elección popular, porque este tipo de gente deja a este partido muy mal parado.
Mientras tanto, los colonos, campesinos y estudiantes antorchistas seguirán firmes en su lucha, sabedores de que los asiste la razón y la ley, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El antorchismo nacional y estatal los respalda totalmente.