Andi Uriel Hernández Sánchez
El poder legislativo es quizá el más antiguo, de los que conforman el Estado mexicano; incluso desde antes de que nuestro país obtuviera su independencia de España, se constituyó un Congreso formado por los representantes de la nueva nación para discutir la forma de gobierno que habrían de darse y reconocer los derechos y libertades inalienables de todos los mexicanos.
Entre septiembre de 1813 y octubre 1814, en plena guerra por la Independencia, se reunió en la ciudad de Chilpancingo el Congreso de Anáhuac, para discutir los “Sentimientos de la Nación” presentados por José María Morelos y Pavón, un borrador del que brotaría la primera Constitución de México, en la que se declaró formalmente la independencia de nuestro país con respecto a España, se abolió la esclavitud en todo el territorio, se reconocieron derechos políticos al pueblo mexicano y se decretó que las leyes debían “moderar la opulencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre”. Fue, en su tiempo, uno de los textos constitucionales más avanzados del mundo, que no pudo ponerse en practica debido a que sus impulsores principales fueron perseguidos y asesinados por el Virreinato.
Tras el reconocimiento de la independencia de México por el imperio español en septiembre de 1821, nuevamente fue el poder legislativo el primero en conformarse, integrado por diputados representantes del ejército trigarante y de las provincias en las que se dividía el territorio nacional, que aunque en un principio votaron a favor de hacer de nuestro país una monarquía constitucional con Agustín de Iturbide como emperador, tras el fracaso de ese experimento, finalmente promulgaron la Constitución de 1824 que dio origen a los Estados Unidos Mexicanos como una república federal con la clásica división de poderes. De esta manera, los otros dos poderes de la Unión emanaron de la representación popular reunida en el Congreso y no provenía del poder de un monarca ni de la voluntad divina, como ocurre en los sistemas monárquicos o parlamentarios.
Nuevamente tras el final de la Revolución Mexicana (1910-1917), la forma del moderno Estado mexicano y las garantías individuales de los mexicanos (hoy derechos fundamentales) fueron resultado del Congreso Constituyente de Querétaro que en febrero de 1917 promulgó la Constitución Política que todavía hoy nos rige. Un Congreso conformado por 151 representantes de todo el país, entre destacados caudillos revolucionarios, líderes campesinos y obreros, intelectuales progresistas y empresarios que apoyaron la causa revolucionaria.
Fueron estos representantes del pueblo en armas quienes con suma claridad establecieron en el artículo 39 de la nueva Carta Magna que: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Y, en teoría, el poder público más cercano al pueblo mexicano es el Congreso de la Unión en el ámbito federal y las legislaturas locales en el caso de las entidades federativas, responsables de tareas sumamente importantes como la creación o derogación de las leyes y de la propia Constitución de la República y, entre otras cosas, la aprobación del destino del presupuesto público y la vigilancia estricta sobre el correcto uso del dinero de los mexicanos.
Así pues, los diputados federales y locales, cuando menos según la teoría democrática-burguesa, son los representantes del pueblo mexicano, de su compleja diversidad cultural, social, económica y política. Son ellos los responsables de vigilar que los otros dos poderes del Estado mexicano realmente respondan a los intereses del pueblo y, por tanto, los responsables de defender los intereses de sus directamente representados.
Como sabemos, con el paso del tiempo el papel de los diputados se ha ido difuminando y poco a poco se han convertido en un simple apéndice de quien ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de la República en turno. Al grado de que en el actual gobierno morenista, los mismos diputados del partido gobernante se sienten orgullosos de ser simples empleados del presidente López Obrador y han abandonado toda pretensión de representación popular hasta ver reducido su papel al de levantar el dedo para votar a favor de TODAS las propuestas presidenciales sin necesidad de analizarlas y menos discutirlas. Tampoco los diputados de la oposición se salvan, pues muchas veces el sentido de su voto obedece a los intereses de los líderes de sus partidos o, en el peor de los casos, es resultado de acuerdos de beneficio personal con quien ostenta el poder presidencial.
Esto ha ido dejando sin trascendencia el papel de los diputados ante los ojos de los ciudadanos, quienes en su inmensa mayoría ni siquiera conocen a sus supuestos representantes, tanto en el ámbito federal como en el local. Por lo que pocas veces se les exigen cuentas sobre su actitud (servil, en muchos casos) ni se les exhibe cuando votan leyes o medidas que perjudican a la gente en lugar de beneficiarlos.
Piense lector, ¿cuántas veces el diputado federal o local de su distrito ha convocado siquiera a una asamblea en su distrito, municipio, colonia o pueblo, para tomarle opinión a sus representados? ¿Cuántas veces los han reunido para escuchar sus necesidades y comprometerse a integrarlas dentro del Presupuesto de Egresos? O ¿cuándo se han molestado en consultar a la gente si están de acuerdo con tal o cual ley o medida administrativa? Seguramente en las tres preguntas la respuesta será la misma: nunca.
Este año, nuevamente se eligen diputados federales y locales, varios legisladores están buscando reelegirse a pesar de que nunca regresaron a sus distritos a escuchar a sus representados; otros, igual de sinvergüenzas, buscan saltar de una curul local a una federal o viceversa, a pesar de sus nulos resultados. Claramente a estos “representantes populares” los mueve la simple y vulgar ambición por el dinero y el poder, y no el interés de servir al pueblo y velar por sus intereses.
Pasa algo similar si miramos las listas de candidatos por la vía plurinominal, en ellas no encontramos representantes de las clases populares: campesinos, obreros, colonos, profesionistas progresistas, taxistas, artistas o deportistas, nada que garanticen que la voz de lo más humildes de la sociedad vaya a ser tomada en cuenta a la hora de decidir el rumbo del país.
A pesar de esta situación, siempre será mejor que en el Congreso federal y local no tenga mayoría una misma fuerza política, que decisiones sobre el futuro del país de forma arbitraria. Por eso convoco a mis pocos lectores a informarse, si aun no lo han hecho, de quienes son los candidatos a los cargos legislativos en sus respectivos distritos, sobre cuáles son sus resultados y cuáles sus propuestas en caso de llegar al cargo, sobre su calibre intelectual y honestidad probada. Y, sobre todo, los llamo a que no caigan en el engaño de votar 5 de 5 o 4 de 4, debemos votar no por la marca ni el partido sino por quién mejor represente y defienda nuestros intereses.
Finalmente, los partidos políticos mexicanos deben elegir con cuidado a sus candidatos para estos cargos, porque si las cosas se mantienen igual, la confianza del pueblo en este modelo democrático seguirá perdiéndose, al grado de que no le dejarán al pueblo otra salida, más que usar su “inalienable derecho de modificar o alterar su forma de gobierno”, es decir, sin otra salida más que hacer una nueva revolución para construirse un modelo democrático que sí los represente de verdad.