Andi Uriel Hernández Sánchez
El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un paquete de reformas constitucionales a la Cámara de Diputados, entre ellas una propuesta para modificar la composición y los atributos del Poder Judicial de la Federación, uno de los tres poderes de la República, encargado de impartir justicia a los ciudadanos.
Sin embargo, estas reformas no fueron aprobadas, debido a que Morena no tenía el número de diputados federales requerido para hacer una modificación a la Constitución de la República, pues para hacerlo se requiere del voto de la mayoría calificada, es decir, de más de dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados, algo así como 335 legisladores.
Por esta razón, durante toda la campaña electoral, el presidente de la República, constantemente hizo llamados ilegales a los mexicanos para que votaran por todos los candidatos de Morena que aparecieran en las boletas, el famoso “6 de 6” o “5 de 5”, con la finalidad de consumar su llamado Plan C, mismo que ya está en marcha, pues en las pasadas elecciones, Morena y sus partidos satélites obtuvieron una votación copiosa, por lo que a partir del 1º de septiembre, cuando tomen posesión los nuevos legisladores, tendrá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y estarán en posibilidad de modificar la Constitución de la República a su antojo.
Según encuestadoras serias más del 60% de los mexicanos desconoce los alcances verdaderos de la reforma al Poder Judicial, en buena medida, porque el presidente y los morenistas han estado realizando una campaña falsa y demagógica sobre dicha modificación constitucional, pues están ocultando su verdadera naturaleza y el hecho de que en nada beneficiará a los ciudadanos de a pie, mucho menos a los mexicanos trabajadores y humildes, que somos los que sostenemos al Estado con nuestros impuestos.
Primero que nada, es importante destacar que no existe solo un sistema de impartición de justicia en todo el país, pues, además del Poder Judicial de la Federación, cada uno de los 32 estados de la República tiene su propio Poder Judicial, con su propia estructura y sus propias leyes, lo que vuelve sumamente complejo todo este engranaje. Al respecto, la reforma que propone Morena, únicamente modificará el funcionamiento del Poder Judicial Federal, no así el de los estados.
Pues bien, el sistema judicial federal tiene tres grandes vertientes: la procuración de justicia, la administración del sistema judicial y la impartición de justicia.
El primer rubro tiene que ver con el trabajo de prevención que realizan las distintas corporaciones policiacas, incluida la Guardia Nacional, y con el proceso de investigación que realizan las distintas oficinas de la Fiscalía General de la República.
Lo segundo tiene que ver con la administración de los recursos económicos y humanos que tiene a su disposición el Poder Judicial para hacer más eficiente su trabajo. Actualmente, el máximo órgano administrativo es el Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga, entre otras cosas, de nombrar a los jueces y magistrados, dependiendo de sus méritos y su trayectoria, así como de sancionar a los juzgadores que actúen al margen de la ley.
Y el tercer rubro, el de la impartición de justicia propiamente dicho, es el trabajo que consiste en analizar y dictar sentencia sobre los asuntos de la población y que realizan los juzgados de Distrito (primera instancia), los Tribunales Colegiados (de segunda instancia) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (tribunal constitucional y de última instancia). También aquí se incluye el funcionamiento de los Tribunales Especializados (electoral, laboral y administrativo).
Una de las trampas de la reforma que impulsa Morena, es que solo plantea modificaciones administrativas y políticas, pero no pretende corregir las graves deficiencias que tiene el sistema de justicia en México en cuanto a la procuración y la impartición de justicia, que provocan que la inmensa mayoría de los mexicanos no confíe en las fiscalías ni en los juzgados, porque saben que sus asuntos no se resolverán a tiempo o tendrán que gastar mucho dinero que no tienen para lograr una sentencia.
Veamos. La reforma plantea tres cuestiones fundamentales: en primer lugar, aplicar la tan cacareada y para nada útil “austeridad republicana”, para que ningún funcionario del Poder Judicial gane más que el presidente de la República, esto es demagogia barata con el fin de granjearse el apoyo fácil de la gente.
En segundo lugar, se propone eliminar al Consejo de la Judicatura, reducir el número de ministros de la Corte Suprema de 11 a 7, eliminar las salas especializadas en las que ésta se divide actualmente y crear un Tribunal de Disciplina Judicial, que esté incluso por arriba de la SCJN cuyo papel será corregir, enmendar o sancionar a los juzgadores que emitan resoluciones que, a su juicio, sean inconstitucionales o que rebasen el marco de su competencia, algo así como un tribunal inquisitorial, porque las resoluciones que tome en contra de los juzgadores serán totalmente inapelables.
Y, en tercer lugar, la reforma propone que todos los ministros de la SCJN, los magistrados de los tribunales federales y los jueces de distrito sean electos por voto popular y directo de todos los ciudadanos, dicha elección se realizaría cada 3 o 4 años dependiendo del cargo, a partir del próximo junio de 2025.
Aún no queda claro cómo funcionará este nuevo sistema de elección, sin embargo, el gobierno morenista y sus apologistas están desplegando una intensa campaña de propaganda para convencer a los mexicanos de que este método permitirá la “democratización” del Poder Judicial y eliminará la corrupción de los juzgados y los jueces, casi como por arte de magia.
Esto último es demagogia pura, porque del hecho de que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto, no puede desprenderse como conclusión que esto los hará incorruptibles, serviciales con la gente ni menos ambiciosos que los actuales. “Democratizar” al Poder Judicial tampoco implica necesariamente que se postulen en estos cargos a los mejores juristas y abogados conocedores del derecho ni tampoco a los más experimentados.
Por el contrario, con esta medida, se pretende sustituir a los actuales juzgadores por otros que asuman una actitud totalmente servil a los intereses del régimen, pues seguramente para la elección de estos cargos, el gobierno actuará de la misma forma corrupta, manipuladora y violenta que ha estado asumiendo en cada elección, para garantizar que la mayoría de los más de 1600 cargos en disputa queden en manos de morenistas abyectos a la 4T, que a partir de octubre encabezará Claudia Sheinbaum.
En esencia la reforma busca someter completamente al Poder Judicial, para alinearlo con los intereses del régimen político y económico prevaleciente en México. En ello no hay nada de sorprendente, pues parte de la necesidad del Estado burgués de concentrar todo el poder en una sola facción de la clase gobernante, una medida que para nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores, al contrario, su objetivo es afianzar la dominación de la clase capitalista y el gran capital trasnacional, eliminando las fricciones internas del Estado, para impedir su debilitamiento como estructura de dominación y explotación sobre las clases trabajadoras. Es la consumación de la dictadura de la facción burguesa agrupada en Morena.
Hasta ahora, ha existido una disputa entre las facciones de la cúpula del poder económico en México, que se revelan en algunas decisiones controversiales de la SCJN. En algunos casos, la Corte ha afectado directamente los intereses del presidente López Obrador y de los multimillonarios que él representa, por ejemplo, cuando detuvo momentáneamente las grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, alegando su impacto ambiental o falta de apego a la ley, hecho que provocó pérdidas millonarias para los constructores de estas obras faraónicas.
Por otro lado, la SCJN ha servido como protección de otro sector de los poderosos, a quienes con sus resoluciones ha exentado del pago de millones de pesos en impuestos atrasados o como cuando impidió la entrada en vigor de la reforma energética que prohibía la participación de la iniciativa privada, mayormente de capital extranjero, en la generación de energía eléctrica en el país.
Al renovar a todo el Poder Judicial, se garantizará que los nuevos funcionarios estén alineados con los intereses de la pequeña élite económica que detenta el poder. Sin embargo, como en toda sociedad dividida en clases, todo lo que beneficia a unos pocos siempre perjudica a la inmensa mayoría, por ello, la reforma judicial tendrá efectos negativos para los trabajadores mexicanos.
Probablemente, ahora se vuelva más difícil la lucha independiente de las organizaciones y grupos políticos que sí buscan un cambio radical en el país porque la persecución y la represión podrán legalizarse, además de que estarán en grave peligro la permanencia y reconocimiento de los derechos sociales y políticos del pueblo, que todavía actualmente garantiza nuestra Constitución, pero que después de esta reforma podrán ser eliminados de un solo tajo sin que exista un Poder Judicial autónomo que lo impida.
De este grave peligro debe desprenderse la necesidad de un mayor trabajo de organización, agitación y propaganda política, denunciando los abusos del régimen e insistiendo en la necesidad de organizarse para resistir y contrarrestar al avance de la renovada dictadura burguesa, y, sobre todo, para formar la gran fuerza social y política que verdaderamente gobierne en favor de los trabajadores.