Andi Uriel Hernández Sánchez
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará formalmente el cargo en menos de 10 días y, además, de las últimas reformas constitucionales sacadas apresuradamente por la mayoría morenista en el Congreso Federal, otra de las papas calientes que heredará a Claudia Sheinbaum será la grave situación de las finanzas públicas del país.
AMLO incrementó la deuda nacional exorbitantemente y comprometió al nuevo gobierno, desde abril pasado, a disminuir el gasto público en 2025 para cumplir con los compromisos del pago de intereses de la deuda y conseguir nuevos financiamientos en su último año de gobierno.
Pero esto implica que la nueva administración enfrentará desde su primer año graves problemas de solvencia económica, porque dispondrán de menos dinero para atender todas las necesidades de la población y para poner en marcha los nuevos programas sociales y otras tantas dulces promesas que hizo Sheinbaum en campaña.
Según el economista Marco Pérez, columnista de El Financiero, el nuevo gobierno tendrá que disminuir el gasto público en 1.5 billones de pesos para reducir el déficit fiscal a menos del 3%, pues los seis años del gobierno de López Obrador se estuvieron gastando más dinero de lo que el gobierno podría recaudar, con tal de costear sus mega obras y sostener los programas de transferencia monetaria directa.
Para sostener un gasto tan grande, el gobierno tuvo que contratar deuda pública con los grandes bancos comerciales y las instituciones de crédito como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
Tan solo en el último año, el gobierno de López Obrador programó un egreso total de 9.14 billones de pesos, pero solo programó recaudar 7. 3 billones. Los restantes 1.8 billones de pesos, una quinta parte de todo el presupuesto, los obtuvieron solicitando préstamos.
Así pues, resulta falso el discurso de que este gobierno NO aumentó la deuda.
Según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el cierre del 2024, la deuda del país representará el 50.2%, del Producto Interno Bruto del país, lo que significa que López Obrador la incrementó a más del doble. Cuando él asumió la presidencia en 2018, la deuda pública era de 10.5 billones de pesos, al finalizar el año será de más de 22 billones. Esto significa que en todo su sexenio López Obrador solicitó más préstamos que TODOS los gobiernos anteriores juntos.
El doctor en Economía, Abel Pérez Zamorano, calculó en junio pasado que la deuda total de cada mexicano al nacer aumentó de 118 mil pesos en 2018 a 126 mil pesos en 2024 y que para 2029 esta deuda será de 138 mil pesos por mexicano.
Esto ha metido al presupuesto en una encrucijada, porque en los últimos años el gobierno lopezobradorista destinó más recursos al pago de los altos intereses de la deuda que a la inversión en obras públicas. “En los primeros 11 meses del año, se destinaron 849 mil millones de pesos para el pago de los intereses de la deuda pública, esto representó un incremento de 26.5% real anual, mientras que el gasto que se destina para el desarrollo de infraestructura pública (inversión física: escuelas, carreteras, hospitales, servicios básicos, etc.) disminuyó 2.9%, al sumar 778 mil millones” (Expansión, 29 de diciembre de 2023).
Por ello, para conseguir que en su último año los bancos le prestaran más dinero, el presidente López Obrador en los Pre Criterios Económicos 2025 entregados a la Cámara de Diputados en febrero y aprobados en abril, comprometió al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum a reducir el déficit fiscal en más del 3%.
El economista Marco Pérez, de El Financiero, citado anteriormente, señala que para 2025 también disminuirán los ingresos del gobierno al pasar del 21.9% del PIB a 21.5%, lo que en dinero representa más de 52 mil millones de pesos; por otro lado, solo por concepto del pago de pensiones, el gasto del gobierno se incrementará en más de 300 mil millones de pesos.
Esto significa que para lograr el dichoso déficit del 3%, el gobierno tendrá que rasurar del presupuesto más de 1.5 billones de pesos, porque no le quedará otro camino.
A pesar de esta contracción, la presidenta ha insistido en que desde el primer día de su gobierno se incrementarán los programas de transferencia monetaria: para todas las mujeres de 60 años y para todos los niños de primaria y secundaria; pero esto terminará ahorcando más las finanzas públicas.
Lo más seguro es que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, se propondrán nuevos y más agresivos recortes a rubros del gasto social bastante ya mermados durante el gobierno de López Obrador: habrá menos dinero destinado a la construcción y mantenimiento de la infraestructura física del país, lo que incluye carreteras, hospitales, escuelas, vivienda popular, así como servicios básicos como agua potable, drenaje, electrificaciones y pavimentaciones.
Seguramente se recortará el gasto en seguridad pública a pesar de que el número de delitos crece sin cesar; la inversión en desarrollo científico y tecnológico y también el recurso destinado a los cada vez más escasos programas de apoyo al campo, entre muchas otras cosas de las que nos iremos enterando en el transcurso de estos días.
Esta es una terrible noticia para el pueblo trabajador, porque significa que, aunque momentáneamente, muchos seguirán recibiendo algunos apoyos monetarios, estos serán a costa de que muchos otros de los inmensos problemas colectivos que enfrentan en sus pueblos y colonias no tendrán solución en el primer año del sexenio y tal vez en toda la administración.
Además, con el paso de los años, dado que el problema del déficit del gasto no se corregirá porque no habrá una profunda reforma fiscal para cobrarle más impuestos a los ricos, lo más seguro es que también el dinero de los apoyos sufra recortes.
Así pues, el sexenio que inicia se avecina muy difícil para los mexicanos humildes, porque no habrá solución a sus problemas colectivos y porque tendrá enfrente un gobierno autoritario con aires de dictadura. La única salida que nos queda es impulsar decididamente la organización de la gente en sus pueblos y colonias, para dar la lucha decidida en defensa de sus derechos fundamentales. Debemos hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde.