Hace pocos días la gobernadora electa, Rocío Nahle, dijo ante la prensa xalapeña que la inseguridad que priva en Veracruz “es un tema urgente y hay que atenderlo”, al reconocerlo terminó por descalificar el trabajo del todavía gobernador Cuitláhuac García y de su equipo, echando por tierra la afirmación de que durante su administración la entidad llegó a ser una de las 10 más seguras del país.
La próxima mandataria tiene razón, la inseguridad y la violencia desatada es gravísima y afecta a los veracruzanos. Según el Índice de Paz México (IPM) 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz y publicado en mayo, reveló que el 81.4% de los veracruzanos se sienten inseguros, lo que representa la quinta proporción más alta en todo el país.
La IPM se basó en datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y por el INEGI. Encontró que Veracruz es la segunda entidad en la que hay más contradicción entre las cifras criminales reconocidas por las autoridades y el temor de la población. Esto significa que las cifras maquilladas del sexenio cuitlahuista no se corresponde con lo que ven y viven los ciudadanos indefensos.
El IPM, calculó que tan solo en 2023, el impacto económico de la violencia fue de 195 mil 700 millones de pesos, algo así como 22 mil 548 pesos por cada habitante.
Según este estudio, durante los últimos 8 años en Veracruz se incrementaron los delitos violentos como asaltos, robos y las agresiones sexuales, pues son los que más afectan a la población con 1,685 incidencias por cada 100 mil habitantes.
Mientras que los crímenes relacionados con la actividad de la delincuencia organizada, como el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y los homicidios por ajustes de cuentas representan la segunda tasa más alta en el estado con 125 por cada 100 mil habitantes.
Según el IPM, en Veracruz se registran 499 asaltos y 388 robos por cada 100 mil habitantes lo que nos ubica lejos de los 10 estados más seguros del país. Y hasta mayo de 2024 se reportaba una cifra histórica de 6,858 personas desaparecidas o no localizadas.
Durante todo el cuitlahuato, uno de los problemas más graves fueron los asesinatos cometidos contra mujeres por razón de su género. Veracruz se ubica entre las 5 entidades con mayor número de feminicidios. Casi al tiempo de las declaraciones de Nahle, se cometieron dos nuevos feminicidios, uno en Álamo y otro en Orizaba
Según del Observatorio de la UV para la Violencia de Género, la Fiscalía reclasificó arbitrariamente varios feminicidios como homicidios dolosos para disminuir artificialmente la incidencia de este delito.
Como sea, el grado de impunidad es muy alto. La Fiscalía de Veracruz no investigó el 93.7% de los delitos cometidos en la entidad, porque la inmensa mayoría no fueron denunciados ante la desconfianza profunda de los veracruzanos hacia sus autoridades. Solo el 49.2 por ciento de la población considera que hubo un desempeño efectivo de las instituciones de procuración de justicia y solo el 44% respalda su trabajo.
Actualmente, el 54.9% de los veracruzanos considera a la inseguridad como el problema más grave que enfrenta el estado y esto es lo que la próxima gobernadora ha prometido combatir. Pero no ha presentado ningún plan o estrategia distinta a lo realizado por Cuitláhuac García o sus antecesores, hasta el momento solo ha revelado que el futuro secretario de Seguridad Pública será nombrado directamente por el gobierno federal.
Seguramente los deseos de los veracruzanos es que no resulte ser otro pillo como los que permitieron que 7 bandas del crimen organizado se apoderaran completamente de 89 municipios.
Por cierto, durante la filtración de los documentos del Ejército realizado por Guacamaya Leaks, se reveló que el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros había pactado con algunas de estas bandas. Habría que ver si la nueva gobernadora se atreverá a presentarlo ante la justicia o si esperara que lo hagan los gringos como con García Luna.
El problema de inseguridad ciertamente es preocupante y urgente de atender, pero los buenos deseos no bastan, ni siquiera la honestidad o buena fe de los gobernantes, pues como en todo se requiere un plan científico y realista. ¿Tendremos alguno? Ya lo veremos.