En conferencia de prensa el pasado 2 de octubre, la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia Gonzalez Cobos, informó que desde el año 2017 han interpuesto más de 180 denuncias penales por presuntos desfalcos al erario público equivalentes a 942 millones 30 mil 529 pesos. Solo el 25% ha derivado en órdenes de aprehensión.
La mayor parte de dichas denuncias corresponden al periodo de Cuitláhuac García. Tan solo en 2019, su primer año como gobernador, se presentaron 68 denuncias correspondientes a más de 150 millones de pesos, al año siguiente se agregaron otras 46 por más de 41 millones de pesos.
Delia González se quejó amargamente de que durante el sexenio no tuvo el respaldo necesario, ni del gobierno encabezado por Cuitláhuac García y, mucho menos, de la Fiscalía Estatal que dirige Verónica Hernández Giadáns para acelerar los procesos penales y castigar a los responsables de tan millonarios robos.
Esta situación deja muy mal parado a un gobernante que usó como bandera principal de su campaña electoral el combate a la corrupción y que no existe en los hechos. Se trata de casi mil millones de pesos entre dependencias municipales y estatales, dinero con el cual pudieron atenderse múltiples necesidades de los veracruzanos, principalmente en materia de obras y servicios básicos.
Es imperativo señalar que las denuncias de las que habla la titular del Orfis son en su mayoría actos de corrupción cuasi probados, porque este órgano sólo procede penalmente luego de haber agotado un largo procedimiento administrativo, mediante el cual las distintas dependencias estatales y/o gobiernos municipales pueden comprobar o justificar las observaciones realizadas en la revisión anual de la Cuenta Pública que se presenta ante el Congreso Local.
Únicamente cuando los titulares de las dependencias no pueden comprobar el gasto de ninguna forma y tampoco solventar las observaciones por un posible daño patrimonial, es que el Orfis procede ante la Fiscalía para que el asunto se esclarezca por la vía penal.
Por eso, el alto grado de impunidad desnuda totalmente al gobierno morenista veracruzano, pues significa que no hubo ningún esfuerzo real por castigar los actos de corrupción. Por esta razón, el gobernador Cuitláhuac García salió a revirar el golpe, acusando al Orfis de ineficacia y de maquillar cifras.
Pero la realidad es terca. El análisis de la Cuenta Pública 2023, reveló que existe un probable daño patrimonial por más de mil 400 millones de pesos. De los cuales, 209 millones corresponden al gobierno estatal.
Y los casos de corrupción siguen brotando como pus, según la reportera de AVCNoticias, Valeria Ramos, en la Secretaría de Salud se cometió un presunto robo de más de 42 millones de pesos, porque no hay manera de comprobar la adquisición de vestuarios, uniformes y sábanas a la empresa Toka Internacional. Simplemente no hay facturas. Además, tampoco puede comprobarse el pago de 7 millones de pesos a supuestos “auxuliares de la salud”.
La Secretaría de la Salud fue una de las más observadas durante todo el sexenio cuitlahuista. Hace dos años se descubrió el desvió de más de 400 millones de pesos a través de empresas fantasmas, entre ellas la de la famosa Araly Rodríguez, trabajadora de la SEV y prestanombres de Eleazar Guerrero, primo del gobernador.
Esto demuestra que el combate a la corrupción solo existe en el discurso de los morenistas, en los hechos sus resultados son verdaderamente ridículos. Vaya contraste.
Desviaron dinero para damnificados por desastres
Ayer, El Universal, reveló otro crimen humanitario del gobierno lopezobradorista. Resulta que el dinero etiquetado para la atención de los damnificados por desastres naturales nunca se utilizó para tal fin. La mayor parte del recurso etiquetado se regresó a la tesorería federal y finalmente terminó en las obras insignes del presidente.
Solo en 2024, Hacienda recortó de 17 mil a 13 mil millones el recurso etiquetado para este rubro. Hasta el momento no se ha ejercido ni un solo peso, aún cuando Guerrero es zona de desastre total. ¿Primero los pobres?
