Córdoba, Ver.- Piedad Patricia Dorantes Gatica, quien asumió recientemente el cargo de síndica sustituta en el gobierno de Córdoba, enfrenta serias dudas sobre su legitimidad profesional y ética.
A pesar de ostentarse como Contadora Pública, no existe registro de su título en el padrón de la SEP, ni se le ha identificado una cédula profesional que avale su formación.
Pero más allá de las irregularidades en su perfil, su llegada al puesto ha estado marcada por actitudes prepotentes y decisiones cuestionables.
Desde su arribo, exigió la creación de seis plazas públicas para allegados, generando un gasto innecesario para las arcas municipales.
Dorantes Gatica no está sola en este esquema de beneficios a costa del erario, su esposo, Alejandro Galindo de la Rosa, ocupa el cargo de Coordinador de Gobernación con un sueldo de 23 mil 623.86 pesos mensuales, mientras que ella misma percibía 11 mil 4.56 pesos como asesora de la también cuestionada Vania López.
Además, Galindo de la Rosa ha sido señalado como «coyote» en el Registro Civil de Córdoba, donde presuntamente cobraba por agilizar trámites en complicidad con otros funcionarios.
La actual síndica sustituta forma parte de una red de exfuncionarios ligados al exsíndico José Javier Medina Rahme, entre los que destacan Claudia Álvarez, Jaime Santiago Avendaño, David Manzano y Antonio Rincón, quienes han ocupado cargos bajo sospecha de opacidad y tráfico de influencias.