Andi Uriel Hernández Sánchez
El próximo 1ro de junio ocurrirá el mayor fiasco en la historia democrática del país, porque las principales casas encuestadoras y el propio INE estiman que solo entre el 8% y 15% de la población en edad de votar acudirá a las urnas para elegir a los nuevos funcionarios del Poder Judicial de la Federación; si tomamos en cuenta que la lista nominal está integrada por 100 millones de mexicanos, esto significa que menos de 15 millones en todo el territorio nacional acudirá a las urnas.
Lo anteriormente descrito será prueba contundente de que la reforma al Poder Judicial no fue nunca una demanda legítima del “pueblo”, como tantas veces expresó el ex presidente López Obrador, ni siquiera de los que simpatizan con su movimiento, sino que fue una medida arbitraria, fraguada en la cúpula del poder, para colocar a personas incondicionales del régimen en los puestos claves del Poder Judicial.
La elección del Poder Judicial nos costará a los mexicanos más de 7 mil 700 millones de pesos y, a pesar de ello, el proceso está ocurriendo de forma apresurada y atropellada, por lo contradictorio de las reglas y por la falta de información sobre los candidatos y sobre el papel que desempeñan cada uno de los cargos que estarán en juego.
Una encuesta de Consultora Mitofsky publicada el 22 de abril reveló que el 86.4% de sus encuestados no conocen nada del proceso para elegir a los integrantes del Poder Judicial, mientras que el 82.5% señaló que nunca han tenido contacto con ningún tribunal en su vida. Esto se suma a los datos que revelan un desinterés generalizado por dicha elección.
Y a pesar de ello, lo que estará en juego el 1 de junio no es menor, pues se elegirán 881 cargos judiciales: 9 ministras y ministros de la SCJN; 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral; 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral; 5 integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.
Para ocupar estos cargos se registraron más de 5 mil candidatos, totalmente desconocidos por la población, cuya nominación fue realizada por tómbola en el Senado de la República, dominado totalmente por morenistas, lo que dio como resultado que la mayoría de los aspirantes sean afines al partido gobernante.
Las campañas iniciaron el 30 de marzo en condiciones sui generis, porque los candidatos están impedidos para organizar asambleas públicas, pagar espacios publicitarios o buscar apariciones en los principales medios de comunicación. Según las reglas del proceso, únicamente pueden promoverse en redes sociales, a través de volantes o con la organización de foros académicos en universidades, centros de investigación o centros de debate, muy lejos del pueblo trabajador al que supuestamente beneficiará la reforma judicial.
Para hacer campaña ningún candidato dispondrá de financiamiento público, y no queda claro de dónde sacarán los recursos necesarios para sufragar sus gastos, lo que sin duda deja abierta la puerta para que ese dinero provenga de grupos empresariales, del mismo gobierno de forma ilegal o incluso de la delincuencia organizada, lo que significa que al llegar al Poder Judicial, los funcionarios electos no responderán a los intereses de todos los ciudadanos sino de los grupos de poder económico o los personajes encumbrados que los financiaron.
Otra situación que complicará la participación ciudadana es la falta de conocimiento sobre las funciones especificas que desempeñará cada uno de los funcionarios que aspiran a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de los tribunales de Disciplina, Electoral y de Circuito, así como la diferencia específica entre los jueces distribuidos en diversas materias como el derecho civil, penal, administrativo, mercantil, telecomunicaciones, laboral, de competencia económica, etc.
Comprender la diferencia y el contenido de cada materia legal y la función de cada uno de los distintos juzgadores y áreas de competencia, conlleva varios años de estudio para los abogados y aún así, muchas veces no se comprende del todo, hasta que se enfrentan a la práctica diaria. Es imposible que un ciudadano que no está familiarizado con estos temas lo entienda de forma cabal y, por tanto, muy difícil que emita un voto racional e informado.
Y, si este enredo no fuera suficiente, el día de la elección a cada votante le entregarán hasta 6 boletas que contendrán listas interminables de nombres desconocidos. Por ejemplo, hay 81 candidatos postulados para ocupar los 9 puestos que están vacantes en la Suprema Corte y hay 42 aspirantes para las 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina, ¿quién tendrá el tiempo suficiente para elegir cuidadosamente a los candidatos por los cuáles votar?
Así pues, a la inmensa falta de información sobre los antecedentes, experiencia y las propuestas de los candidatos, debe sumarse todavía las deficiencias en la organización del proceso, lo que dará como resultado inevitable que la elección judicial sea un total fracaso y que los funcionarios que salgan de ahí electos no gocen ni de la legitimidad ni del reconocimiento popular que necesitan.
La desesperación del gobierno y de los morenistas los ha llevado a quebrantar sus propias reglas, pues, aunque está prohibida la participación de los partidos políticos y de los funcionarios públicos en la promoción de los candidatos, es evidente la incursión de los morenistas en el proceso a través de los métodos ilegales a los que están acostumbrados, incluida la coacción del voto a través de los programas sociales.
Los mexicanos debemos ver en estos hechos los síntomas evidentes de la descomposición acelerada del régimen de gobierno que hoy tenemos, una muestra de la irracional y poco efectiva forma de gobernar de la clase política; debemos comprender que la elección judicial no es más que una simulación cara e inútil sobre una falsa democracia representativa que ya agotó sus posibilidades de desarrollo en México, tal como el sistema económico con el que surgió.
A los mexicanos nos queda impulsar una transformación real y de fondo de nuestras condiciones de vida, apoyados en teorías sociales verdaderamente científicas y no en las ocurrencias ni actos de “buena fe” de unos cuantos iluminados.