Andi Uriel Hernández Sánchez
La semana pasada concluyó un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras del Congreso de la Unión para aprobar diversas reformas a un paquete de 7 leyes, que en conjunto han sido nombradas por diversos analistas y medios de comunicación como “Ley espía” y cuyo propósito es dotar al Estado mexicano de mayores facultades de intromisión en la vida privada de los ciudadanos facilitando el control policial, la vigilancia y el espionaje en su contra.
Se trata de adiciones a la propia Constitución de la República en artículos clave sobre seguridad pública y protección de datos personales, así como reformas a la Ley de la Guardia Nacional, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, Ley de Telecomunicaciones, Ley de Población, Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos.
Con estas modificaciones legales se le autorizó a las corporaciones policiacas de todos los niveles y al Ejército, en la forma de Guardia Nacional, a tener acceso de forma inédita y potencialmente incontrolable a todo tipo de bases de datos o registros sobre propiedades, cuentas bancarias, registros telefónicos, transacciones comerciales de todo tipo, navegación en línea y también a los sistemas de geolocalización de los modernos dispositivos móviles, para saber la ubicación de las personas en tiempo real o en un periodo determinado.
Todo lo anterior, sin necesidad de informar a la persona investigada, sin que haya una investigación formal y, por tanto, con derecho a defensa o asesoría jurídica y, en algunos casos, sin necesidad de solicitar autorización de un juez de control, como ocurría hasta ahora. Únicamente la intervención de llamadas telefónicas ha quedado sujeta a control judicial.
Para realizar con éxito estas tareas de espionaje se creará un Centro Nacional de Inteligencia con la capacidad no sólo para recabar toda esta información sino también para “procesarla”, es decir, alterarla y de ser necesario modificarla. Dicha situación pone en grave peligro a los ciudadanos comunes que podemos sufrir atropellos en nuestros derechos, desde perder el control de propiedades y cuentas bancarias hasta ser víctimas de la fabricación de delitos.
Además de que facilitará el trabajo de hackers y delincuentes digitales que busquen hacer mal uso de toda esa información.
Asimismo, la legislación contempla una nueva Cédula Única de Registro de Población (CURP) y para obtenerla, las personas tendremos que entregar datos biométricos, es decir, fotografía, huellas dactilares, tipo de sangre y escaneo del iris del ojo. Aunque el gobierno y sus defensores dicen que dicho documento no es obligatorio, en los hechos se convertirá paulatinamente en la nueva identificación oficial desplazando a la credencial de elector y será absolutamente necesaria para realizar trámites en el gobierno y también para aspectos más triviales de la vida cotidiana como adquirir un chip de teléfono celular o abrirse una cuenta de redes sociales.
Los expertos en tecnología opinan que la nueva CURP biométrica será una “llave maestra de vigilancia”, ya que registrará y vinculará cada movimiento digital de los ciudadanos, permitiendo un seguimiento detallado de su vida cotidiana, convirtiéndolo en un mecanismo de control y espionaje.
Y no hablar de los mecanismos de censura que se impondrá a los medios y periodistas críticos al gobierno, puerta de entrada a la persecución abierta y el encarcelamiento solo por verter opiniones o hacer pública información que incomode a los gobernantes y a sus patrones, los dueños del dinero y los medios de producción, a quienes realmente sirven.
Con todo esto se demuestra que la preocupación central del gobierno federal no está en mejorar en serio la vida del pueblo, a través de políticas económicas y sociales que permitan una mejor distribución de la riqueza social, sino en ir diseñando mecanismos más eficientes de intimidación, manipulación, desinformación y control masivo, para perpetuarse en el poder, una vez que el encanto inicial por las tarjetas, eficiente mecanismo de coacción electoral, se haya esfumado y para cuando la inconformidad social sea más difícil de sofocar con discursos y promesas demagógicas.
Porque mientras aprueban la “Ley espía”, otras leyes mucho más beneficiosas para el pueblo trabajador se encuentran congeladas o simplemente han sido rechazadas por los senadores y diputados federales, que pertenecen mayoritariamente a Morena y partidos aliados. Por ejemplo, el 9 de octubre de 2024, fue aprobada una reforma al artículo 123 de la Constitución de la República para establecer que el incremento anual del salario mínimo de los trabajadores del sector formal no podría estar por debajo del incremento en la inflación del mismo periodo, es decir, que debería ser equivalente al incremento en los precios de los productos de la canasta básica y los servicios. Dicha reforma también contempla que el salario de los trabajadores al servicio del Estado con los sueldos más bajos se incrementará hasta los 18 mil pesos mensuales, lo que beneficiaría principalmente a los maestros de nivel básico, policías, enfermeros, afanadores y personal de las fuerzas armadas.
Esta reforma pasó por todo el proceso legislativo, fue aprobada por ambas Cámaras federales y por 30 legislaturas estatales, sin embargo, nunca entró en vigor porque no fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación, es decir, fue congelada y se convirtió en letra muerta.
Lo mismo puede decirse de la propuesta para incrementar las vacaciones de los trabajadores o la que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral; también se encuentra ignorada la necesidad de una nueva la Ley Nacional de Aguas para distribuir mejor el aprovechamiento de los recursos hídricos del país, acaparado en un 80% por los grandes industriales; así como leyes que tienen que ver con la regularización de las viviendas y lotes de interés social o las que podrían mejor el sistema de salud o el educativo.
Parafraseando el dicho popular: “dime qué legislas y te diré a qué intereses sirves”. Es claro que avanza el plan de crear un Estado policial que someta todo brote de inconformidad social y que insufla vida artificial a un sistema económico que concentra la riqueza social en unas cuantas manos y empobrece a millones de mexicanos. Los beneficiados con esta “Ley espía” son, por tanto, los gigantes monopolios y sus dueños quienes salen ganando con dicho estado de cosas, no las clases trabajadoras, quienes son el blanco de los citados mecanismos de control, sometimiento y desorganización.
Solo el pueblo trabajador, organizado y politizado, puede cambiar al injusto sistema económico y político que nos oprime a todos, que violenta nuestros derechos y que nos niega una vida más digna. Construir entre todos a una gran y poderosa fuerza social revolucionaria es la tarea más apremiante de los campesinos, obreros, amas de casa e intelectuales progresistas mexicanos.