Samuel Aguirre Ochoa
El gran maestro y líder de la clase obrera mundial, Vladimir Ilich Lenin, sostenía que “sólo la lucha en las calles educa a la clase explotada. La verdadera educación política de las masas trabajadoras no puede ir nunca separada de la lucha revolucionaria de las propias masas”.
Destaco la cita anterior debido a que el pasado 13 de mayo, comisiones representativas de antorchistas de diversos municipios del estado, acudimos al Palacio de Gobierno en Xalapa con la intención de entregar un listado de demandas sociales de urgente atención en decenas de pueblos y colonias en donde hay grupos organizados en el Movimiento Antorchista y, además, obtener una audiencia con la ingeniera Rocío Nahle García, gobernadora constitucional del estado, para exponer de forma personal las problemáticas.
Como respuesta enviaron un funcionario de tercer nivel a querer atender las peticiones, hecho que no aceptamos porque nos queda claro que solo se trataba de darnos manejo burocrático.
Es necesario aclarar que las demandas de beneficio colectivo integradas en el pliego petitorio fueron previamente solicitadas de manera individual, mediante oficios tal como lo establece el artículo octavo constitucional, ante las diferentes dependencias de la administración pública estatal y, a pesar de las insistentes gestiones de los comités de obra, la mayoría de las peticiones no han sido atendidas.
Al mismo tiempo, el Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz, ha sostenido varias reuniones tanto con el secretario de Gobierno, Lic. Ricardo Ahued Bardahuil, como con el subsecretario de gobierno, Lic. José Manuel Pozos Castro, y ambos funcionarios han coincidido en sostener como respuesta que únicamente la gobernadora Rocío Nahle puede solucionar las peticiones. Particularmente el secretario de Gobierno ha dicho en varias ocasiones que no tiene facultad para resolver las demandas planteadas por el antorchismo. Aunque dichas demandas son de primera necesidad y están plenamente justificadas.
Se solicita, por ejemplo, que se concluya el proceso de regularización de 15 colonias populares, para que cientos de familias puedan tener certeza jurídica sobre los lotes de interés social que hace muchos años les entregó el gobierno estatal; además, es necesario que Invivienda y la Dirección de Patrimonio del Estado concluyan estos procesos porque la supuesta “irregularidad” de las colonias es un pretexto utilizado por algunos gobiernos municipales para negarse a introducir servicios básicos como agua potable, drenaje o pavimentación de calles.
Asimismo, se ha solicitado ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública la urgente construcción o rehabilitación de carreteras y puentes para hacer más fácil el acceso a diversas comunidades y permitir a los campesinos comercializar de mejor manera sus productos; así como la pavimentación de circuitos entre colonias populares, puentes vehiculares o distribuidores viales. Muy necesarios en los municipios de Tantoyuca, Chicontepec, Ixcatepec, Citlaltépetl, Tempoal, Ixhuatlán de Madero, Juchique de Ferrer, San Rafael, Misantla, Nautla, Tierra Blanca, Atoyac, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Altotonga, Villa Aldama, Medellín, Tlalixcoyan, Soteapan, Mecayapan y Tatahuicapan de Juárez.
También se incluyen demandas prioritarias en el tema de la salud, como la conclusión de Centros de Salud con Servicios Ampliados en municipios indígenas como Filomeno Mata, Ayahualulco y Soteapan. Obras públicas que se iniciaron hace más de 10 años y están en obra negra, porque ninguna de las administraciones estatales que han gobernado han querido atender el problema, lo que impide que miles de familias puedan tener garantizado su derecho a la salud y hay muertes por enfermedades totalmente curables.
Asimismo, se incluyen solicitudes de infraestructura educativa como aulas, sanitarios, bardas perimetrales, domos, bibliotecas, centros de cómputo, muros de contención, salas audiovisuales, laboratorios de ciencias y auditorios para escuelas de todos los niveles, cuya construcción es indispensable para elevar la calidad educativa y garantizar un mejor aprendizaje de los niños y jóvenes.
En el mismo sentido se pide que la Secretaría de Educación de Veracruz autorice nuevas claves para centros escolares en colonias populares de Xalapa; y también inversión para mejorar la infraestructura de dos albergues estudiantiles en Tantoyuca y Xalapa, que por más de 20 años han permitido que cientos de jóvenes de los estratos humildes puedan formarse como profesionistas.
Otro importante apartado son peticiones realizadas a la CAEV, que consisten en la introducción o rehabilitación de sistemas de agua potable, construcción de la red de drenaje sanitario, obras de recolección pluvial o de canalización de arroyos en colonias y comunidades de todo el estado como Tantoyuca, Papantla, Tlapacoyan, Huatusco, Xalapa, Córdoba, Tierra Blanca, Fortín de las Flores, Cuitláhuac, Ixtaczoquitlán, Úrsulo Galván, Veracruz y Soteapan.
Además, se incluyen solicitudes para la rehabilitación de unidades deportivas y centros culturales ubicadas en zonas populares densamente pobladas en municipios como Xalapa, Veracruz y Córdoba.
Como he señalado todas estas peticiones están fundamentadas en los derechos sociales que amparan los artículos tercero y cuarto de la Constitución General de la República y también en los derechos políticos de petición, organización y libre manifestación protegidos por los artículos octavo y noveno de la misma máxima ley del país.
A pesar de su justeza, durante toda la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez fueron desoídas, lo que nos llevó a realizar diversos actos de protesta pública y pacífica, sin embargo, en lugar de atender las peticiones de la población, el anterior gobierno morenista se dedicó a reprimir a las organizaciones y a los ciudadanos que nos atrevimos a exigir atención para las demandas de los veracruzanos más humildes.
Este carácter represivo fue un gran error cometido por esa administración, pues muchos funcionarios públicos utilizaron el erario como su patrimonio personal y cometieron escandalosos actos de corrupción que se han ido destapando con el paso del tiempo, en la actualidad la mayor parte de los analistas del estado y buena parte de la opinión pública consideran el gobierno estatal cuitlahuista como uno de los peores que ha tenido Veracruz.
Nosotros no deseamos que pase lo mismo con la administración actual, por eso consideramos que no es una actitud correcta seguir desoyendo las demandas de la población y mucho menos caer en la tentación represiva.
Sin embargo, como también lo dijimos públicamente en el mitin que realizamos el 13 de mayo frente al Palacio de Gobierno, los antorchistas somos gente de lucha y de trabajo, que conocemos bien las actitudes represivas de los gobiernos, hecho que no nos asusta ni nos desalienta. A lo largo de más de 4 décadas de trabajo en Veracruz, hemos conocido todo tipo de gobernantes y en todas las ocasiones ha sido la lucha social y la protesta pública lo que nos ha permitido ser escuchados y atendidos. No creemos que esta vez sea la excepción.
Por esta razón, el próximo miércoles 10 de junio, nuevamente acudiremos comisiones representativas de antorchistas veracruzanos hasta la ciudad de Xalapa, solicitando nuevamente audiencia con la gobernadora Ing. Rocío Nahle García para que sean atendidas las demandas planteadas a su gobierno.
Ojalá los funcionarios de su gobierno y la propia gobernadora entiendan muy bien que los antorchistas no somos sus enemigos, ciertamente tenemos diferencias profundas en el terreno ideológico y político, pero estamos de acuerdo en qué lo más importante es que la gente humilde vaya mejorando sus condiciones de vida y tenga acceso a los derechos sociales elementales.
Los antorchistas hemos sostenido públicamente que nosotros no le apostamos al fracaso del gobierno, ni al ascenso de las fuerzas retrógradas ni, mucho menos, a ningún tipo de injerencia o invasión del extranjero bajo el pretexto del combate a la delincuencia. Los asuntos de los mexicanos los tenemos que resolver los mexicanos. Pero esto no significa que vayamos a renunciar a defender los intereses de los más humildes o dejar de criticar las fallas y actitudes represivas de algunos funcionarios públicos.
La verdadera unidad nacional, entre pueblo y gobierno, únicamente puede lograrse si éste último escucha y resuelve las demandas de los sectores populares, de otra forma, dicha unidad es totalmente imposible. Si la actitud del gobierno consiste en golpear a la organización popular, al no resolver las demandas de la gente, en realidad lo único que están logrando es que la misma gente se dé cuenta que es falso que sean un gobierno progresista y de izquierda; que es falso que el gobierno sea imparcial y que imparte justicia por igual para todos, quedará claro que es un gobierno que solo favorece los intereses de una pequeña élite económica y, por ello, los antorchistas seguiremos luchando hasta que se haga verdadera justicia para las clases trabajadoras de Veracruz y del país.