Andi Uriel Hernández Sánchez
La reforma constitucional al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales estatales ya es un hecho. Tras su aprobación en el Senado y su ratificación por más de 18 Congresos Locales, ya solo falta que el Presidente de la República ordene su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que esto ocurra, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá frenarla, pues dicha reforma le ha retirado la facultad de suspender la aplicación de leyes generales y reformas constitucionales.
Según los artículos transitorios de la reforma, en un plazo máximo de 30 días el Senado emitirá la convocatoria para la elección de los 9 ministros que integrarán la Suprema Corte, los 6 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina; también emitirá convocatoria para renovar a la mitad de todos los magistrados de los tribunales colegiados y especializados del país y a la mitad de jueces federales. En febrero próximo, el INE iniciará el proceso electoral, y el día de la jornada será el primer domingo de junio. La otra mitad de juzgadores serán electos en 2027.
Precisamente porque ya es un hecho, es necesario continuar desenmascarando las mentiras flagrantes y las trampas de esta reforma al Poder Judicial.
La primera mentira es que esta reforma corregirá los graves problemas del sistema de impartición de justicia: lentitud, corrupción, falta de profesionalismo y abusos contra los más pobres. El artículo 17 constitucional fue reformado para amenazar con castigos severos a los juzgadores que no resuelvan los asuntos en un plazo de 6 meses, sin embargo, en el dictamen no se observan cambios en el funcionamiento de las fiscalías, tanto federales como locales, que son los organismos encargados de recibir las denuncias de los ciudadanos cuando se haya cometido algún delito y tienen la obligación de realizar las investigaciones correspondientes.
Los fiscales son los encargados de solicitar al juez que se ejerza acción penal, esto es, que se inicie el proceso para enjuiciar al o los supuestos delincuentes. Según la organización Impunidad Cero, de cada 100 delitos que se denuncian en las fiscalías solamente 14 se resuelven, muchas veces este grado de impunidad tiene que ver con la carencia de personal capacitado, condiciones dignas y herramientas de investigación forense. Estas deficiencias no se corregirán con la reforma y la impunidad continuará muy alta en México.
Otra gran mentira es que los nuevos juzgadores serán “electos democráticamente por el pueblo”. Todo el discurso oficial para convencer a la población de las bondades mágicas de la reforma se ha centrado en promover la elección de los juzgadores por voto directo, libre y secreto de los ciudadanos, tal como ocurre con otros cargos públicos.
Quizá la idea parezca atractiva para la mayoría del pueblo despolitizado, pero esto es una trampa. En primer lugar, según el dictamen, los candidatos serán designados por la presidenta de la República que es morenista, la Cámara de Diputados y el Senado, ambos con mayoría morenista, y por la Suprema Corte.
Para cada uno de los cargos a elegir, los tres poderes designarán cierta cantidad de prospectos (seis para ministros, tres para magistrados y dos para jueces), sin embargo, el órgano que validará las postulaciones y elegirá a los candidatos definitivos será el Senado de la República, totalmente controlado por Morena, que luego los remitirá al INE. Esto significa que los nuevos juzgadores serán designados por acuerdos cupulares y al pueblo únicamente se le pedirá que valide con su “voto” estos acuerdos.
El método es tramposo, diseñado precisamente para dejar al pueblo al margen de tan importante decisión. Por la inmensa cantidad de cargos en disputa y por las complejas ramas y rangos en que está dividido el sistema de justicia, será imposible que una persona alcance a emitir un voto razonado.
En la elección de 2025 habrá 18 candidatos a ministros de la Corte, de los que cada persona deberá elegir 9; habrá 9 para magistrados de la Sala Superior Electoral, de las que cada persona deberá elegir 6; 10 para el Tribunal de Disciplina, de las que deberán elegirse 5. Es decir, en una misma boleta aparecerán los nombres enlistados de 37 aspirantes para que el ciudadano elija 19 de ellos, todos completos desconocidos.
A esto se agregarán las boletas para magistrados de cada uno de los circuitos judiciales y de los tribunales especializados: laboral, electoral, administrativo, radiodifusión, telecomunicaciones y de competencia económica; más la elección de jueces distritales civiles, penales, administrativos, mercantiles, etc. La elección será una enorme tómbola popular, en la cual los ciudadanos marcarán casillas como si se tratara de una quiniela.
Un ejemplo rápido: un ciudadano que viva en Xalapa, el 1º de junio de 2025, no solo acudirá a votar para elegir alcalde de la ciudad, sino también para elegir 19 cargos federales de entre 37 candidatos; votar para 33 magistrados de los 11 tribunales colegiados del séptimo circuito judicial al que pertenece Veracruz, más 4 jueces penales federales, 7 jueces laborales, 8 jueces civiles y 4 jueces mercantiles todos con sede en Xalapa; elegirá 3 magistrados para la Sala Regional Electoral con sede en Xalapa y 3 para la Sala Regional Administrativa; y un tanto similar para los tribunales de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Solo para el nivel federal implica que cada xalapeño deberá elegir 90 nombres de más de 220 candidatos que aparezcan en la boleta. Es imposible que en los pocos minutos en que se puede estar en la casilla, alguien pueda razonar un voto así, mucho menos que pueda conocer a todos los aspirantes.
La elección será, pues, una verdadera locura, porque a esto deben agregarse los candidatos a magistrados y jueces del poder judicial local. Será otra vacilada de la 4T.
Como tercera trampa se encuentra la formación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuya función expresa será enjuiciar y castigar el actuar de todos los jueces, magistrados y ministros del ámbito federal; en el ámbito local cada estado tendrá su propio Tribunal de Disciplina. Según el nuevo artículo 100 de la Constitución, bastará con que, literalmente, cualquier persona acuse a cualquier juzgador de cometer una falta para que este Tribunal inicie un procedimiento en su contra.
Se trata, sin duda, de un moderno Tribunal de la Santa Inquisición, cuya función será amedrentar y reprimir a cualquier juzgador que desee hacer uso de su libertad de conciencia para oponerse a los intereses del poder central. ¿Con la existencia de este Tribunal de Disciplina habrá algún juez que, por ejemplo, se oponga a meter a la cárcel a algún opositor o crítico del gobierno?, ¿habrá quien se niegue a ejercer prisión preventiva oficiosa contra cualquier ciudadano que el gobierno considere un estorbo?
La respuesta definitiva nos la dará la realidad que, siempre en movimiento, tarde o temprano, pondrá las cosas en su lugar. Ojalá la mayoría de los mexicanos, ahora confundidos por las dádivas y demagogia del gobierno, pronto se den cuenta del engaño. Respetuosamente, comino a mis colegas y compañeros abogados a explicar paciente y pedagógicamente la naturaleza de las mentiras y trampas de la reforma judicial, es indispensable para despertar la conciencia política de la clase trabajadora y, eventualmente, llamarla a encabezar una verdadera y profunda transformación social del país.