Andi Uriel Hernández Sánchez
Se han cumplido cinco días desde que un grupo de comerciantes ambulantes, respaldados por sus compañeros organizados en el Movimiento Antorchista Nacional, instalaron un plantón frente a la presidencia municipal de Coatepec, exigiendo diálogo con la autoridad municipal, para garantizar respeto a los espacios en donde han venido trabajando desde hace varios años.
Dicho plantón fue resultado de una cobarde agresión en contra de los comerciantes antorchistas, que venden sus productos en las inmediaciones del mercado municipal “Miguel Rebolledo”, a quienes policías municipales vestidos de civil, desalojaron la madrugada del lunes 22 de diciembre, sin previo aviso y sin ofrecerles ninguna otra alternativa de trabajo para obtener los ingresos con los que sostienen a sus familias.
En su mayoría, los comerciantes, son mujeres y adultos mayores que venden frutas, verduras y otras mercancías minoristas, gente a la cual la injusta sociedad en la que vivimos les ha negado otra forma honrada de obtener ingresos y, que, por tanto, todos los días deben salir a las calles y exponerse a las inclemencias del tiempo para alimentar, vestir, calzar y curar a sus hijos.
Se trata, pues, de coatepecanos humildes, honrados y trabajadores que comparten la suerte de más de 33 millones de mexicanos (según datos del INEGI) que, como ellos, se auto emplean o laboran en el mal llamado trabajo “informal”, porque los gobiernos que ha tenido México en los últimos 40 años, incluidos los de la 4T, han sido totalmente incapaces de generar inversión, desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza social.
El grupo de comerciantes aledaños al mercado Miguel Rebolledo, han sido sistemáticamente perseguidos y reprimidos por la mayoría de alcaldes de Coatepec, sin distinción de partido político, desde hace varios años. La Dirección de Comercio utiliza el argumento de que existe un reglamento municipal que prohíbe el comercio informal porque “los vendedores no pagan impuestos”, porque “afean el paisaje de un pueblo mágico” y “porque obstruyen las banquetas y las vialidades públicas, violando la libertad de tránsito de los ciudadanos”.
Todos son argumentos falsos, por el simple hecho de que Coatepec, como el 100% de las ciudades grandes y medianas del país, posee índices altísimos de desempleo, de alrededor del 70%, por lo que se encuentra totalmente inundado de puestos semifijos, vendedores de frutas de todo tipo, ambulantaje y venta de artesanías, prácticamente en todo el cuadro principal de su centro histórico.
Es más, quien tenga la oportunidad de visitar Coatepec por estos días, puede comprobar que la informalidad ha crecido mucho, como síntoma de que el desempleo avanza escandalosamente, y que, incluso ahora el gobierno municipal, instaló dos corredores artesanales a mitad de las calles aledañas al parque y la catedral, para que pudieran vender sus productos un grupo de artesanos, cobrando rentas de entre 5 mil y 10 mil pesos por espacio, un jugoso negocio de los funcionarios municipales.
Así las cosas, si los argumentos del ayuntamiento fueran verdaderos, tendrían que desalojar a todos los vendedores ambulantes de la ciudad y prohibir la instalación de artesanos en el primer cuadro, pero la saña y la agresión es solo contra los antorchistas y los integrantes de otras organizaciones ubicados cerca del mercado, este hecho responde a dos razones:
En primer lugar, porque no han cedido a los chantajes y moches que cobra Juan Carlos Cortés Vega, director municipal de Comercio, según se dice de hasta 25 mil pesos por respetar puestos semifijos. Y, en segundo lugar, por los negocios del alcalde Raymundo Andrade y tres familias que han acaparado el 80% de las alacenas y locales del mercado Miguel Rebolledo, que en su mayoría utilizan para bodegas, que revenden o que alquilan a terceros por rentas mensuales de hasta 15 mil pesos, todo lo cual se encuentra estrictamente prohibido por el mismo reglamento de comercio que el municipio usa para arremeter contra los antorchistas.
“Los Oropeza, los Ceceña y doña Marina, se han adueñado de más del 80% de las alacenas del mercado, por eso si los ambulantes van al municipio a solicitar que les den un espacio de trabajo adentro, no les hacen caso, porque a ellos, a los propios alcaldes, estas familias les pasan moches y les invierten mucha lana a sus campañas, por eso todos los presidentes municipales toleran el acaparamiento, aunque esté prohibido por ley, y están a sus órdenes”, expuso un locatario que pidió el anonimato por temor a represalias.
Un argumento más. El artículo 5to de la Constitución General de la República es contundente: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos».
El comercio en la vía pública informal no constituye ninguna VIOLACIÓN a la ley. La autoridad puede regularlo (horarios, zonas, limpieza), pero no puede prohibirlo de facto ni extinguirlo mediante la fuerza, porque eso atenta contra el derecho al trabajo y la libertad de comercio.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido jurisprudencia clara sobre el Derecho al Mínimo Vital. Este derecho prohíbe al Estado (incluido el municipio) privar a las personas de los medios necesarios para su subsistencia básica.
Al desalojar a un vendedor que vive al día, sin ofrecerle una alternativa real y digna, la autoridad no está «poniendo orden», está atentando contra la vida y la integridad de una familia, pisoteando el derecho al Mínimo Vital. Ningún reglamento administrativo puede estar por encima del derecho humano a la subsistencia.
Por todas estas razones, los antorchistas se mantienen en plantón, firmes y en pie de lucha. A pesar de que se ha desatado una feroz campaña en redes sociales, orquestada por las familias acaparadoras del mercado y por el gobierno municipal. Lo que contrasta con la actitud de los ciudadanos de Coatepec, que apoyan a los comerciantes comprando sus productos, llevando donativos al plantón y aplaudiendo los eventos culturales que se han organizado. Eso da claridad de que se trata de una causa justa.
Por este medio exhortamos al presidente municipal electo, Jorge Ignacio Luna Hernández, a intervenir en el conflicto y ofrecer alternativas de solución, muchos coatepecanos humildes votaron por él, confiando en que su juventud lo haría un alcalde más sensible y capaz de escuchar a la población, a diferencia del sátrapa de Raymundo Andrade Rivera.
Sería una desgracia para el pueblo de Coatepec que Ignancio Luna iniciara su administración reprimiendo a los indefensos y defendiendo intereses mezquinos, como lo han hecho sus antecesores. Él ha dicho en entrevistas que está en contra de violentar derechos humanos, pero es necesario que honre su palabra con hechos, de lo contrario, iniciará su presidencia con un plantón frente a sus oficinas. Ojalá que no sea así.