Samuel Aguirre Ochoa
Desde mucho antes que el presidente López Obrador fuera electo, los antorchistas sostuvimos que era un grave error presentar a la corrupción como el principal problema de México, porque este planteamiento es falso. Predijimos desde entonces que una vez que llegara a la cúspide del poder, el presidente no podría cumplir su promesa de acabar con ella y tampoco podría resolver los graves problemas de desigualdad y pobreza que enfrenta el país.
Y es que, aunque la corrupción de los funcionarios públicos es un problema grave que debe combatirse, en realidad esta es solo una consecuencia del orden social capitalista, también conocido como economía de mercado.
La corrupción de los funcionarios del gobierno es indispensable para el funcionamiento de este modelo económico, pues es el cemento con el que se unen el poder económico y el poder político en contra de las clases trabajadoras: es el mecanismo con el que los poderosos consiguen apoderarse sin ningún freno de los recursos naturales del país, pagar bajos salarios a las clases trabajadoras, promover y permitir el crecimiento de la delincuencia de todo tipo y a los funcionarios públicos les permite robarse millones de pesos con las grandes obras que construye el gobierno con sobreprecios y sin licitación. Por ello, es prácticamente imposible eliminar la corrupción sin sustituir de raíz el orden social capitalista.
La corrupción, no es un fenómeno solamente moral como lo explica el presidente López Obrador, es un problema estructural del sistema, que se repite en todo el mundo capitalista. La corrupción es, siempre y en todas partes, desplazamiento, redistribución ilegítima de la riqueza previamente creada por las clases trabajadoras de la ciudad y del campo; nunca, por ningún lado se ve que la corrupción reparta o redistribuya riqueza creada por ella misma. Para que exista corrupción tiene que haber primero riqueza.
Por ejemplo, la mordida y el moche trasladan riqueza del bolsillo de los ciudadanos a los de los funcionarios corruptos; el peculado traslada dinero del erario, de los impuestos pagados por los ciudadanos, a manos de los funcionarios que se lo roban y las ayudas de los gobiernos a las empresas privadas ayudan a engordar las ganancias de estas últimas.
La corrupción, pues, no es una variable independiente sino derivada de la preexistencia y acumulación de la riqueza creada. Nace de la exagerada e irracional concentración de la riqueza en unas cuantas manos, mientras que la inmensa mayoría de la población apenas tiene lo indispensable para no morir de hambre. La gente no tiene empleo bien pagado, no tiene acceso a la salud, muchas familias no tienen vivienda y carecen de los servicios básicos en los pueblos y colonias, etc
De aquí y del afán de acumulación y de lucro que el mismo sistema inculca en el alma de toda la población, nace la tentación de los funcionarios públicos de abusar del cargo para hacerse ricos a como dé lugar, para igualarse con los millonarios capitalistas, que son modelo de éxito y de ciudadano en la sociedad actual.
Por ello, en los gobiernos morenistas está brotando la corrupción por todos lados, señalaré tres ejemplos: señalaré el caso de los hospitales privados que está construyendo el actual alcalde Córdoba, Juan Martínez Flores a costa de no hacer obra pública en el municipio, el intento de funcionarios de Patrimonio del Estado de apoderarse de un campo de futbol en la colonia Ampliación Moctezuma en el municipio de Xalapa para fraccionarlo y vender lotes y la lujosa mansión de Rocío Nahle en El Dorado, el fraccionamiento más exclusivo de todo el Golfo de México, mansión que tanta polémica ha generado en los últimos días, pues se le acusa de haberla adquirido con dinero de la refinería Dos Bocas.
La corrupción, solo va a desaparecer si llega al poder un partido formado por las clases trabajadoras, en estrecha alianza con empresarios progresistas e intelectuales honrados, con un programa de gobierno basado en una concepción científica, que ponga en primer plano resolver las necesidades de los seres humanos: un reparto equitativo de la riqueza social, tal como lo sugiere el economista norteamericano Josep Stiglitz, premio Nobel de Economía, y como los antorchistas lo hemos venido proponiendo desde hace 50 años.