Amatlán de los Reyes, Ver.— El abogado penalista Tomás Mundo Arriaza denunció públicamente que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) habrían realizado, hace casi un año, un cateo en un inmueble privado con presuntas irregularidades.
De acuerdo con el litigante, la diligencia se llevó a cabo en diciembre pasado y no habría cumplido con diversos requisitos legales. Por ello, calificó el procedimiento como un “cateo ilegal disfrazado de legalidad”.
Mundo Arriaza señaló que los hechos ocurrieron en las instalaciones de la empresa Maquimar (Maquinaria Martínez), ubicada en la localidad de Torrecillas, municipio de Amatlán de los Reyes. Según su versión, durante el operativo se colocaron sellos en el inmueble y se habría afectado el derecho de los propietarios sobre la propiedad.
El abogado cuestionó la actuación de ambas fiscalías, así como la integración de la carpeta de investigación y los elementos que presuntamente fueron utilizados para solicitar y ejecutar la diligencia.
Asimismo, afirmó que no se habrían cumplido las condiciones legales necesarias para llevar a cabo el cateo y señaló que existen resoluciones judiciales relacionadas con el caso.
En este sentido, sostuvo que un juez federal habría concedido un amparo para que los propietarios puedan recuperar el acceso al inmueble. Por ello, adelantó que se analiza la posibilidad de proceder legalmente contra ambas fiscalías y contra las autoridades que pudieran haber participado en el procedimiento señalado.
El litigante también anunció que se contempla presentar una denuncia contra el fiscal encargado de integrar la carpeta de investigación y no descartó emprender acciones ante otras instancias por las presuntas irregularidades.
Durante sus declaraciones, Mundo Arriasa manifestó además preocupación por la independencia judicial y sostuvo que algunos juzgadores podrían enfrentar presiones al momento de emitir resoluciones.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión expresada públicamente por la defensa. No se ha presentado en esta información una resolución judicial completa ni una postura oficial de la FGR o de la FGE que permita corroborar o controvertir cada una de las acusaciones.
La legalidad de la diligencia y las posibles responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes conforme avance el proceso jurídico.