Andi Uriel Hernández Sánchez
El 19 de marzo pasado, pobladores de la cabecera municipal de Oluta, en el sur de Veracruz, instalaron un plantón por tiempo indefinido exigiendo la cancelación del “relleno sanitario regional” convenido por el ayuntamiento de Oluta y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente el 21 de agosto de 2023, y que opera en los mismos terrenos en los que por más de 20 años ha funcionado un tiradero de basura a cielo abierto, ubicado junto a colonias populares y siendo, por tanto, un grave foco de contaminación ambiental y un peligro tóxico y de salud pública para decenas de familias que viven en los alrededores.
Según la norma oficial mexicana, de aplicación federal, NOM-083-SEMARNAT 2023, los rellenos sanitarios son obras de “infraestructura que involucran métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos [basura doméstica o de origen urbano] y de manejo especial, con el fin de controlar, a través de la compactación e infraestructuras adicionales, los impactos ambientales”.
En los rellenos sanitarios se esparce y compacta la basura para cubrirla con capas de tierra o arcilla diariamente, para lo cual se utilizan macroceldas construidas y recubiertas por una neomembrana especial, para impedir el contacto de los residuos con el suelo. Dicho sistema de ingeniería debe permitir, además, que de manera natural los lixiviados (líquidos) y el agua acumulada escurran hacia una laguna artificial, donde se les da tratamiento para evitar que lleguen a los cuerpos de agua y a los mantos freáticos ubicados en el subsuelo.
La norma federal citada establece claramente que los rellenos sanitarios deben contar con “accesos para servicio de transporte, espacios delimitados, oficinas, caseta de vigilancia, básculas, áreas de reparación de maquinaria, zonas de amortiguamiento y la maquinaria para recibir y confinar los residuos”. Y que deben estar en “ubicaciones adecuadas, alejadas de comunidades y zonas urbanas”.
Pues bien, los pobladores de Oluta señalan con pruebas contundentes que nada de eso existe en el supuesto relleno sanitario regional que funciona en su municipio y que fue concesionado por el gobierno estatal a una empresa particular desde 2023. En realidad, el lugar continúa funcionando como un tiradero a cielo abierto cuyo nivel de peligro se agravó, pues desde octubre del año pasado comenzaron a llegar filas y filas de camiones con la basura proveniente de más de 11 municipios del sur de Veracruz y también de algunos del vecino estado de Chiapas, las mismas que no reciben tratamiento, sino que están totalmente expuestas.
A pesar de que la inconformidad social está escalando en ese municipio sureño y de que en múltiples ocasiones los manifestantes han buscado entablar una mesa de diálogo con el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, este no ha querido ni siquiera atender a las familias afectadas. Por parte del gobierno estatal, una comitiva sostuvo una reunión con el representante del gobierno estatal en la zona sur, aunque no se les ha ofrecido ninguna alternativa de solución al problema que ellos plantean.
Ciertamente es una situación compleja y, de alguna forma, parte del legado de corrupción de la pasada administración estatal que encabezó Cuitláhuac García Jiménez y contlapaches, varios de los cuales en la actualidad ostentan altos puestos públicos dentro del gobierno federal. Veamos.
Aunque la Ley Número 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz establece que es facultad y obligación de los ayuntamientos operar la recolección, almacenamiento y operación de la basura generada en su territorio, en el año 2022, el Gobierno de Veracruz anunció un plan estatal para construir diversos rellenos sanitarios regionales con la intención de combatir un problema medioambiental y de salud pública provocado por más de 100 tiraderos de basura a cielo abierto en todo el estado.
Inicialmente, la idea pareció innovadora y correcta, pues implicaba ayudar a los municipios a lidiar con un problema que en varios casos los estaba rebasando y saliendo de control.
El problema fue que la operación de los rellenos sanitarios se concesionó a empresas privadas a través de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA), dirigida ni más ni menos que por Sergio Rodríguez Cortes, funcionario de sórdida reputación, acusado penalmente por empresas comercializadoras y constructoras de utilizar las leyes medioambientales de forma facciosa para cometer extorsiones millonarias en su contra, amenazándolos con clausurar sus establecimientos o procesos de construcción en caso de no entregarles sumas millonarias de forma personal. Walmart México, por ejemplo, lo denunció por una extorsión de 10 millones de pesos.
Además, la PMA fue el órgano de la administración estatal con más desfalcó detectado en el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, lo que ya es mucho decir. El Órgano de Fiscalización detectó irregularidades por más de 273 millones de pesos en contratos de obra pública.
Así las cosas, no es de extrañar que, como parte de todos esos negocios turbios y actos de corrupción, se haya entregado la concesión del relleno sanitario de Oluta sin nunca realizar una sola verificación para cerciorarse de que efectivamente cumpliera con los mínimos requisitos legales, como que no estuviera localizado cerca de centros de población y que efectivamente se hubiese construido toda la infraestructura necesaria para hacer un correcto tratamiento de la basura. A pesar de que la empresa cobra a los ayuntamientos que han convenido con este relleno sanitario entre 260 y 300 pesos por cada tonelada de basura que llega.
Ahora la demanda de los habitantes de Oluta es cancelar la operación del relleno sanitario y, eventualmente, clausurar el tiradero municipal a cielo abierto que por años ha operado violando las leyes medioambientales y de salubridad, lo que obligaría al gobierno municipal y estatal a encontrar una nueva ubicación en donde sí se garantice la seguridad para todos los habitantes. Se trata, sin duda, de una causa justa porque implica poner a salvo la salud de cientos de familias humildes que no tienen otro lugar en donde vivir. También la ley está de su lado, pues el artículo 4to de la Constitución General de la República establece el derecho irrenunciable de todo mexicano a gozar de un medio ambiente sano.
Falta que las autoridades dejen de hacerse ojos de hormiga y se dispongan a encontrar una solución viable a esta problemática antes de que estalle un conflicto regional de proporciones incalculables pues, por el momento, más de 11 municipios no tienen donde depositar su basura. Los olutecos afectados, por su parte, esperan con razón la intervención inmediata de la gobernadora Rocío Nahle García. Como una lucha justa del pueblo trabajador, los antorchistas veracruzanos unimos nuestras voces para exigir solución inmediata.